La pandemia evidencia el efecto corrosivo de la economía sumergida

EVA GRAU, EVA LÁZARO, JEREMY MONTAÑO Y AITANA RECUENCO

Al ser la economía sumergida una actividad que no está declarada a las autoridades públicas y que, por tanto, no está reflejada en el Producto Interior Bruto (PIB), tiene una repercusión negativa en la economía.

Las razones primordiales que tienen los contribuyentes para no declara dichas actividades radican en la voluntad de conseguir unas ventajas económicas como evitar el pago de impuestos, el pago a la Seguridad Social o saltarse la reglamentación laboral, o en otro sentido, porque se trata de actividades ilegales.

Los ejemplos más representativos de estas actividades son aquellas empresas que tienen en su plantilla trabajadores sin contrato, o que no están dados de alta en la Seguridad Social. Pueden ser ejemplo de ello, parados que cobran la prestación por desempleo a la vez que realizan actividades no declaradas o empresas que no cobran el IVA, así como empresarios que solo declaran una parte de sus ingresos.

En España, actividades como la hostelería, la construcción, el sector textil y calzado, junto con el trabajo doméstico y el cuidado de personas dependientes, son las que más reflejan la práctica de la economía sumergida.

Debido a la dificultad de cuantificar la dimensión de las actividades sumergidas, solamente existen cifras aproximadas. Informes de la Comisión Europea establecen que la economía sumergida de nuestro país ronda el 20% del PIB.

Un pozo sin fondo

Por una parte, hay que destacar el perjuicio que supone la economía sumergida para los empresarios que declaran sus actividades. Además de ello, hay que señalar que son actividades que ocasionan una disminución de ingresos públicos vía impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Esta disminución afecta negativamente a todos aquellos servicios que el Estado puede ofrecer. El incremento de estas prácticas hace que las arcas públicas vean mermados sus ingresos, mientras que los gastos no disminuyen, sino que más bien al contrario, aumentan. Todas aquellas personas que llevan a cabo actividades sumergidas, siguen usando los servicios de la sanidad o la enseñanza pública sin colaborar con su financiación. Ello puede influir negativamente en el estado de bienestar, pues habrá que subsanar la pérdida de ingresos públicos con una subida de impuestos.

Hay que añadir que la economía sumergida genera inestabilidad laboral, ya que los trabajadores no tienen las ventajas propias de un contrato laboral, como puede ser la prestación por desempleo, la prevención de riesgos laborales o la formación.

Tras la pandemia ocasionada por el Covi19 aumentarán las prácticas relacionadas con la economía sumergida. Esto afectará a lo anteriormente expuesto. Ahora bien, durante la crisis son muchos los empleos sumergidos los que no recibirán las ayudas del Estado, pues no constan como trabajadores ni por cuenta propia ni ajena, al no estar dados de alta como tal. Además de ello, hay que añadir que durante el periodo de confinamiento no han podido llevar a cabo sus actividades sumergidas, por lo que no han podido beneficiarse económicamente. Esto ocasiona un aumento añadido del gasto social derivado de la propia pandemia.

Según lo expuesto, es labor de todos los ciudadanos concienciarnos de la importancia de no llevar a cabo esta clase de actividades, pues van asociadas a una disminución del estado de bienestar.

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